ALMERÍA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -
La vista oral contra el exalcalde de Zurgena y actual edil de Obras Públicas, Cándido Trabalón (PA), así como contra varios exconcejales de la corporación local por autorizar presuntamente una promoción de viviendas en suelo no urbanizable en el paraje 'El Cucador' ha quedado suspendida hasta el próximo día 15 por enfermedad grave de uno de los acusados.
Fuentes judiciales han precisado en declaraciones a los periodistas que el titular del Juzgado de lo Penal número 4 de Almería ha emplazado a las partes a un nuevo señalamiento a la espera de los forenses determinen la gravedad de la dolencia, que no ha estimado el juez acreditada a la vista del informe médico presentado por el letrado de la defensa.
El juicio, por el que se enfrentan a una petición fiscal de ocho meses de prisión y siete años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio, se celebraría sin la presencia de este acusado en caso de que se certifique que no puede asistir debido al tratamiento médico que sigue.
El escrito de calificación del Ministerio Público en la causa, sobre la que el juzgado instructor ordenó en abril de 2010 la apertura de juicio oral, acusa a parte de los miembros de la anterior corporación local zurgenera, dos del PSOE, uno del PP y cuatro del PA entre los que se encuentra el exconcejal de Urbanismo en el mandato de Trabalón, Manuel Tijeras, por votar favorablemente a la concesión de la licencia en una sesión plenaria celebrada el 18 de febrero de 2006.
Para el promotor de la obra, José Torrecillas Cortés, y el director técnico, José María Urrea Mira, el fiscal interesa 24 meses de prisión e inhabilitación por un presunto delito contra la ordenación del territorio e interesa la demolición, con costes a cargo del primero, de las cinco viviendas unifamiliares en situación irregular, así como que indemnice a las terceras personas que suscribieron un contrato de compra para los inmuebles "aun sin terminar".
También se sentará en el banquillo acusado de prevaricación, en este caso del artículo 320.1 del Código Penal, el técnico municipal Francisco Salvador Granados, quien, según señala el fiscal, emitió el informe favorable "a sabiendas de su injusticia".
El Ministerio Público sostiene que el empresario José Torrecillas, en calidad de administrador de 'Construcciones Torres y Gil CB', promovió la obra de cinco viviendas unifamiliares en el paraje conocido como 'El Cucador' bajo la dirección técnica de José María Urrea, quien realizó la totalidad de los proyectos pese a "tener conocimiento de que el suelo era no urbanizable" y de que, por tanto, "no eran autorizables".
Apunta, en esta línea, que la actuación urbanística se hizo con licencia concedida en sesión plenaria tanto por Trabalón y Tijeras, como por otros tres exediles del PA, Emilia Jiménez, Aniceto López y Miguel Marín Ramos --quien en 2007 concurrió a los comicios en la lista del PP-- y por los entonces concejales del PSOE, Juan Morales y José Antonio Ramos, y del PP, José Juan Sánchez.
Los miembros de la corporación local entre 2003 y 2007 que el 18 de febrero de 2006 constituyeron el citado pleno "votaron favorablemente" a las licencias previo informe técnico de Francisco Salvador. Según subraya el fiscal, la autorización y el informe se emitieron "a sabiendas de su injusticia, pues todos ellos --ahonda-- tenían conocimiento de que conforme a la legislación vigente las viviendas proyectada estaban situadas en suelo no urbanizable".
Recoge el escrito, asimismo, el promotor, a quien acusa junto a Urrea de un delito continuado según el artículo 319.2 del Código Penal, celebró un contrato privado de permuta con el anterior propietario del terreno respecto de uno de los inmuebles sin que conste, señala, que haya transmitido la propiedad de la misma no de otros contratos de compraventa con el fin de enajenar a terceras personas lo edificado.
Trabalón y Tijeras son dos de los 24 acusados en la denominada 'Operación Costurero' contra la corrupción urbanística y contra los que se abrió procedimiento abreviado por presuntos delitos de prevaricación, contra ordenación del territorio, cohecho y falsedad documental en abril de 2009.
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