El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Huércal-Overa ha decidido recurrrir la sentencia judicial

El Ayuntamiento de Huércal-Overa (PP) ha decidido, finalmente, recurrir la sentencia judicial que obliga al Consistorio a pagar 2,7 millones de euros a la mercantil Inversiones y Gestiones Huércal-Overa, propiedad de Diego Ortega. Así lo confirmó ayer el alcalde, Domingo Fernández, quien señaló que la decisión se tomó el pasado lunes tras las recomendaciones de los servicios jurídicos municipales.

“Se habían abierto unas negociaciones con el afectado para ver si se llegaba a un acuerdo, pero éste no ha fructificado. Ha faltado tiempo para acercar posturas, tanto en la forma como en la cantidad a abonar. Finalmente hemos tenido que recurrir en última instancia tras el asesoramiento de nuestros abogados”, ha apuntado.

Fernández señala que el Ayuntamiento aún está abierto a alcanzar un acuerdo y llevar a cabo una negociación, orientada ésta a la reducción de la indemnización que hay que pagar al empresario (quien fue alcalde del municipio) y que el Ayuntamiento considera que es excesiva.

Sin embargo, el nuevo equipo de Gobierno no discute el fondo de la sentencia. “Lo que sí entendemos desde el Partido Popular de Huércal-Overa es que existe una sentencia a favor de Diego Ortega. Al final se sabe que lo que ha habido contra este ciudadano ha sido una persecución, o como ya dice el juez ,empecinamiento. Consideramos que lo justo para los huercalenses sería reconocer eso, pero por tiempo, forma y problemas de saldo no ha fructificado ese acuerdo, al que el propio Diego Ortega está dispuesto a llegar”, ha apuntado Domingo Fernández.

Y es que el alcalde recuerda la “difícil” situación económica por la que está pasando el Ayuntamiento. “Pagar ahora los 2,7 millones de euros sería mermar aún más las arcas municipales, que ya de por sí están castigadas por la actual crisis económica”.

Antecedentes
El anterior equipo de Gobierno (PSOE) paralizó las obras de construcción del edificio Las Monjas por un exceso de altura de 12 centímetros y mantuvo la suspensión “después de la aprobación definitiva del nuevo PGOU”, lo que el juez considera “improcedente”, entendiendo que “su prolongación en el tiempo produjo, objetivamente, daños evaluables económicamente” que la empresa no tiene por qué soportar, según exponía en la sentencia el juez Jesús Rivera. La primera intención del Ayuntamiento, según Domingo Fernández, era la de no recurrir dicha sentencia, algo que ha criticado el PSOE.