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Según datos del Observatorio del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ocho mujeres denuncian cada día malos tratos de sus parejas o ex parejas en los juzgados, cuarteles y comisarías de la provincia de Almería. En los primeros seis meses del año, los casos instruidos judicialmente rondan los 1.400 y sitúan la tasa de víctimas por habitante entre las más altas de todo el país.
Y precisamente son las denuncias el mejor elemento de protección para las mujeres maltratadas, como ha manifestado en reiteradas ocasiones el delegado del Gobierno para la Violencia de Género, el almeriense Miguel Lorente. Sólo cuando se alerta a las autoridades se pueden poner en marcha los recursos públicos de asistencia y protección a las víctimas. “Es muy difícil que puedan salir por sí solas (...) mantenerse en la violencia nunca va a resolver la propia violencia”, explica el delegado del Gobierno.
Las estadísticas parecen darle la razón a Lorente. Los cuatro casos con mujeres muertas registrados en la provincia de Almería en 2011 tenían un denominador común, ninguna de ellas había presentado una denuncia previa contra el agresor y no estaban incluidas en ninguno de los programas de asistencia que ayuntamientos, Diputación Provincial y Junta de Andalucía mantienen activos actualmente.
En la comunidad autónoma la situación es muy similar. La mitad de las fallecidas (en total 13, según el recuento oficial) sufría los malos tratos en silencio o, simplemente, perdió la vida en la primera agresión conocida. La experiencia demuestra que una denuncia previa no borra al cien por cien las posibilidades de sufrir un ataque, pero las reduce de forma muy considerable.
De hecho, el Ministerio de Igualdad trabaja estos días en una revisión del protocolo de valoración del riesgo destinado a hacer más efectiva la protección, es decir, ser más exactos al establecer el peligro que sufre una ciudadana amenazada. La clave está en que “examina al agresor y da la posibilidad de ver la violencia en los menores”, expone Miguel Lorente en declaraciones a la agencia Europa Press. “El protocolo permite evaluar los elementos que realmente se traducen en una probabilidad de agresión y hacerlo en un momento distinto y posterior al de la denuncia, lo cual te sirve de contraste de cara a ver la evolución, porque puede ser que en el momento de la denuncia hubiera una situación de riesgo que al momento posterior haya cambiado”, añade.
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