Solicita que no se ejecute hasta que reciban las indemnizaciones de 789.000 euros fijadas en vía judicial
ALMERÍA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -
El abogado de las familias británicas cuyas viviendas ilegales van a ser demolidas el día 18 en el paraje Las Terreras de Cantoria (Almería) ha anunciado este jueves que va a solicitar la paralización del derribo hasta que no se satisfagan a sus representados las indemnizaciones por un importe total de más de 789.000 euros fijadas en vía judicial.
El letrado Alejandro Navarro ha indicado a Europa Press que, en su escrito, van a alegar ante la administración la concurrencia de "razones humanitarias" ya que los perjudicados se han quedado "sin residencia" y, en más de un caso, "vendieron su patrimonio" en Reino Unido, por lo que viven "bien con familiares, bien en régimen de alquiler".
Cabe recordar que la Junta de Andalucía ha programado para el día 18 el derribo subsidiario de dos viviendas unifamiliares en ejecución de la sentencia de la Audiencia Provincial de Almería que inhabilitó al exalcalde Pedro Llamas y le obligó a dejar el cargo, al tiempo que ha convocado a los implicados a una reunión de coordinación el próximo día 12.
El derribo de estas edificaciones fue paralizado por el Ayuntamiento de Cantoria en octubre de 2013 después de que si se llevase a cabo la demolición de otras dos, levantadas en el mismo tiempo y por idéntico promotor en la parcela colindante, en cumplimiento de esta misma sentencia, que condenaba al constructor a indemnizar a los compradores de buena fe.
Navarro, quien representa a las cuatro familias que se personaron como acusación particular en la causa penal, ha señalado que el juzgado instructor de Huércal-Overa, una vez la sentencia devino en firme, fijo la responsabilidad civil en 789.000 euros pero, que desde ese momento de la ejecución del fallo, "no se ha producido ningún movimiento ni se ha consignado ninguna cantidad".
Al hilo de esto, ha indicado que la situación de sus patrocinados ante la demolición de sus propiedades es en la actualidad "delicada" ya que las circunstancias apuntan a que es "complicado que puedan cobrar" ya que, según ha explicado, la sentencia solo señala como responsable civil al constructor, quien fue condenado como autor de un delito contra la ordenación del territorio a 11 meses de cárcel e inhabilitación especial para profesión u oficio de promotor por otros seis meses.
Las dos viviendas unifamiliares, según remarcó en su sentencia de mayo de 2012 el tribunal de la Sección Segunda, fueron vendidas, mediante contrato privado que fue elevado a escritura pública, a residentes ingleses "que desconocían cual era la situación" de dichos inmuebles, construidos sin licencia municipal de obras sobre suelo no urbanizable.
La notificación de la Dirección General de Urbanismo de la Consejería andaluza de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio comunica que la demolición fijada para el día 18 da cumplimiento a una providencia de 2 de julio de 2014 de la Audiencia que "interesa de forma expresa" que se "proceda a ejecutar la demolición, o en su defecto, comunique al tribunal las causas que lo impiden".
El Ayuntamiento paralizó el derribo y resolvió que se incoara a un expediente administrativo sancionador contra la Junta de Andalucía por la demolición de las otras dos edificaciones hace un año al alegar que no constaba la existencia de un "documento técnico de derribo" que "garantizase la seguridad tanto de operarios como transeúntes" ni una "declaración de innecesariedad de licencia" municipal para esta actuación. La orden se revocó tres semanas después cuando la Junta llevó a la Fiscalía la actuación municipal.
Por este caso, el exalcalde de Cantoria está condenado a dos años de cárcel y 23 meses de inhabilitación para empleo o cargo público por faltar a la verdad en un escrito "con sello oficial" del Ayuntamiento remitido a la Policía Autonómica, en el que negaba haber dado autorización para el suministro de luz y agua a esta promoción de cuatro viviendas construidas en no urbanizable y por no denunciar estas edificaciones ni incoar ningún expediente sancionador ni de restauración de la legalidad.
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