La fiscal eleva a definitiva su petición de ochos meses de prisión y siete años de inhabilitación
ALMERÍA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -
El juicio contra el exalcalde de Zurgena (Almería) y actual concejal deObras Públicas, Cándido Trabalón (PA), ha quedado este viernes visto para sentencia después de dos sesiones tras las que la fiscal ha elevado a definitivo el escrito de acusación por el que solicita penas de ocho meses de prisión y siete años de inhabilitación.
Fuentes judiciales han precisado a Europa Press que las partes han mantenido conclusiones en el trámite de informes, que, como toda la vista oral, se ha desarrollado ante el Juzgado de lo Penal número 4 de Almería sin que se permitiese el acceso a medios de comunicación y sí a público.
Durante la segunda sesión del juicio por presuntos delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio, han declarado como testigo el exdelegado de Obras Públicas y Transportes de la Junta andaluza en Almería, Luis Caparrós, y dos técnicos de la Delegación Provincial, quienes se han ratificado en que las viviendas cuya licencia de obra se discute se construyeron fuera de ordenación.
También se ha practicado a pericial a propuesta de la defensa de Trabalón de un catedrático de la Universidad de Málaga (UMA) que ha aludido al "vacío legal" que opera con respecto a los planeamientos municipales, que, en el caso de Zurgena y según los acusados, permitían la concesión de licencia al ser considerado el suelo como urbano.
En la vista, cuyo comienzo estaba señalado para el pasado viernes y quedó aplazada por enfermedad grave de uno de los acusados a la espera del dictamen de los médicos forenses, han sido enjuiciados además miembros de la anterior corporación local zurgenera, dos del PSOE, uno del PP y cuatro del PA entre los que se encuentra el exconcejal de Urbanismo en el mandato de Trabalón, Manuel Tijeras, por votar favorablemente a la concesión de la licencia en una sesión plenaria celebrada el 18 de febrero de 2006.
Para el promotor de la obra, José Torrecillas Cortés, y el director técnico, José María Urrea Mira, el fiscal interesa 24 meses de prisión e inhabilitación por un presunto delito contra la ordenación del territorio e interesa la demolición, con costes a cargo del primero, de las cinco viviendas unifamiliares en situación irregular, así como que indemnice a las terceras personas que suscribieron un contrato de compra para los inmuebles "aun sin terminar".
También se ha sentado en el banquillo acusado de prevaricación, en este caso del artículo 320.1 del Código Penal, el técnico municipal Francisco Salvador Granados, quien, según señala el fiscal, emitió el informe favorable"a sabiendas de su injusticia".
El Ministerio Público sostiene que el empresario José Torrecillas, en calidad de administrador de 'Construcciones Torres y Gil CB', promovió la obra de cinco viviendas unifamiliares en el paraje conocido como 'El Cucador' bajo la dirección técnica de José María Urrea, quien realizó la totalidad de los proyectos pese a "tener conocimiento de que el suelo era no urbanizable" y de que, por tanto, "no eran autorizables".
"A SABIENDAS DE SU INJUSTICIA"
Apunta, en esta línea, que la actuación urbanística se hizo con licencia concedida en sesión plenaria tanto por Trabalón y Tijeras, como por otros tres exediles del PA, Emilia Jiménez, Aniceto López y Miguel Marín Ramos --quien en 2007 concurrió a los comicios en la lista del PP-- y por los entonces concejales del PSOE, Juan Morales y José Antonio Ramos, y del PP, José Juan Sánchez.
Los miembros de la corporación local entre 2003 y 2007 que el 18 de febrero de 2006 constituyeron el citado pleno "votaron favorablemente" a las licencias previo informe técnico de Francisco Salvador. Según subraya el fiscal, la autorización y el informe se emitieron "a sabiendas de su injusticia, pues todos ellos --ahonda-- tenían conocimiento de que conforme a la legislación vigente las viviendas proyectada estaban situadas en suelo no urbanizable".
Recoge el escrito, asimismo, el promotor, a quien acusa junto a Urrea de un delito continuado según el artículo 319.2 del Código Penal, celebró un contrato privado de permuta con el anterior propietario del terreno respecto de uno de los inmuebles sin que conste, señala, que haya transmitido la propiedad de la misma no de otros contratos de compraventa con el fin de enajenar a terceras personas lo edificado.
Trabalón y Tijeras son dos de los 24 acusados en la denominada 'Operación Costurero' contra la corrupción urbanística y contra los que se abrió procedimiento abreviado por presuntos delitos de prevaricación, contra ordenación del territorio, cohecho y falsedad documental en abril de 2009
