Galasa propone subir el agua al menos nueve euros en cuotas fijas

JENNIFER SIMÓN CARRIÓN

Galasa, la empresa pública de Gestión de Aguas del Levante Almeriense, propone a los ayuntamientos de la comarca del Levante y Norte de la provincia subir el precio del agua. En concreto, sería una subida de las cuotas fijas de alrededor de nueve euros, y contemplaría dicha modificación de tarifas una leve disminución en el metro cúbico consumido; pero que a grandes rasgos y si se aprobara no sólo la modificación de tarifas, sino también la de estatutos que se pretende en Galasa, a través de Diputación, el incremento estaría entre un 40 y un 300%, dependiendo del municipio.

Así lo explicó ayer el PSOE cuevano a IDEAL, después de que el consistorio aprobara en pleno la segunda modificación de estatutos de la empresa de Gestión de Aguas del Levante Almeriense, con los votos en contra de los socialistas, que alegaron, lo primero de todo, que se trata de «una modificación que no ha seguido los procedimientos legales para llevarla a cabo, porque no ha pasado por Junta General de Accionistas de la empresa», y por otro lado, que precisamente en el tema de precios «se quitaría toda la capacidad de decisión de los ayuntamientos». En los mismos términos se pronunciaba el Partido Andalucista a nivel provincial el domingo a través de un comunicado de prensa, instando a Galasa a que justifique la subida que propone y que no sólo encarecerá el recibo «como si nos metieran en casa a otra persona más», sino que además, «no se tiene en cuenta la Directiva Marco del agua a la hora de fomentar un consumo responsable, pues se suben los costos fijos y se bajan los costos por consumo, excepto en el tramo de más de 15 m3/mes, penalizando además a las familias numerosas que sobrepasan esos 15 m3 de consumo por mes, dando casi el mismo trato económico que si de un señor con piscina propia se tratara, pues mientras el señor de la piscina la llena una vez al año al comenzar la época calurosa, la familia numerosa es como si fuera llenando su piscina a lo largo del todo el año, incluso si el señor de la piscina la fuera llenando a lo largo del año pagaría menos que la familia numerosa», alegaron en su escrito.
Según la propuesta a la que ha tenido acceso IDEAL, se incrementaría el concepto de cuota fija de abastecimiento que subiría de los 4,38 euros actuales a los siete que se proponen, además de la cuota de depuración tres euros en lugar de uno y la cuota de saneamiento que pasaría de 1,15 euros a tres. Pero, además, en la comarca del Levante, y parece que como consecuencia del uso de agua desalada, «aunque en este tema habría mucho más que decir», se añade el concepto de desalación con una cuota de cuatro euros. «Algo que no parece lógico porque en breve se dispondrá del agua de los trasvases, pero además sería interesante que se llegara a un acuerdo con Acuamed que gestiona la desaladora y ver la forma de compensar ese consumo», dijo el portavoz del PSOE cuevano, Antonio Fernández. En definitiva, el incremento será de algo más de nueve euros en los pueblos en los que la tarifa se quede como está, sin aplicar la unificación tarifaria que se contempla en los estatutos nuevos, o 're modificados' de Galasa, que son «del todo irregulares», añadió Fernández.
Estatutos' re modificados'
Esos estatutos deberían aprobarse por parte de la Junta General de la empresa, primero, y también de los ayuntamientos, después. En este caso, según el PSOE, parece que se quiere hacer al revés, «cosa que es del todo incorrecta», aseguró el portavoz socialista de Cuevas, Antonio Fernández. En dicho texto, se resalta, hablando de precios que «será la Diputación Provincial la que modifique las tarifas, es decir, que si algún consistorio no aprobara el establecimiento de precios que propusiera la institución provincial no pasaría nada. O lo que es lo mismo, si hoy estas modificaciones tienen que pasar por los plenos municipales, con este estatuto que ya Cuevas ha aprobado, no haría falta pasar por plenarios, quedaría sólo en manos de la Diputación».
Para rizar más el rizo, Fernández pone el caso de que algún ayuntamiento, llegado el momento, se negara a dar por buenas las propuestas de Diputación, «podría irse, pero, si se aprueban los nuevos estatutos, su salida supondría pagar la parte proporcional de la deuda que tiene la empresa de agua. Ellos ponen como ejemplo siempre a Vera, diciendo que tras la inversión de la empresa en infraestructuras en un pueblo, luego el municipio se va y se queda con toda esa inversión, pero lo que no pueden hacer es cargar esa deuda, repartirla entre los ayuntamientos, y olvidar de otorgar la parte correspondiente a Diputación».
Cargos políticos
El argumento que esgrime la empresa para establecer una subida del precio del agua en la zona es el de la situación deficitaria de Galasa. Sin embargo, a Fernández eso no le convence demasiado: «se debería hacer primero un estudio, ver qué cuesta en cada sitio el servicio y entonces ajustar si hay que ajustar, no para ganar dinero, que no es el objeto de esta empresa, sino para financiar el servicio», y por otro lado, «si la situación es tan mala, ¿porqué se ponen más cargos políticos?, ¿son necesarios?».