La Junta de Andalucía se enfrenta a las apreturas del corsé presupuestario y mide cada euro del gasto público con especial celo. Pasa en todas las materias de las administraciones públicas y se manifiesta en el bloqueo de algunos proyectos largamente demandados. La construcción de nuevas sedes judiciales y la reforma de otras instalaciones arañadas por el paso de los años son buen ejemplo de ello.
La Memoria del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) describe algunas de las “deficiencias” más importantes entre las dependencias judiciales de la provincia de Almería y suponen, en la práctica, una apelación directa a la Junta. Los problemas no son banales -parece alegar el documento-, inciden sobre “las medidas de seguridad” y la falta de “salubridad” de las instalaciones.
Según el informe presentado por el presidente del TSJA, Lorenzo del Río, “la Audiencia Provincial de Almería requiere de una remodelación y modernización de algunas de sus instalaciones, así como dotación de medidas de seguridad”, mientras “el edificio judicial de Huércal-Overa continúa sufriendo graves deficiencias de espacio, seguridad y salubridad”.
Los ‘agujeros’ del Palacio de Justicia, sede de la Audiencia Provincial, se han denunciado en varios foros y por operadores distintos. Los dos últimos presidentes de órgano, los magistrados Benito Gálvez y Lourdes Molina, apuntaron la necesidad de abordar mejoras.
La juez jiennense llamó la atención sobre las condiciones de seguridad del edificio durante la visita a Almería del consejero de Justicia e Interior el pasado mes de octubre. Emilio de Llera indicó tras la reunión que se habían abordado, entre otros asuntos, “la solución de algunos problemas de seguridad” en la sede de la Audiencia Provincial.
Actualmente, las instalaciones cuentan con un arco de seguridad en el acceso principal, controlado por dos agentes de la Guardia Civil en la reserva (fase previa a la jubilación), y cámaras de seguridad en el perímetro. No obstante, la entrada-salida al edificio se realiza por un callejón trasero que expone frecuentemente a los detenidos y abierto al paso de cualquier ciudadano (no a los vehículos).
Según datos de 2011 publicados por la Junta de Andalucía, los juzgados almerienses reciben a 70.000 personas cada mes. La Delegación del Gobierno de la Junta en Almería planteó en 2010 la posibilidad de llevar a cabo reformas el Palacio de Justicia, según recoge un documento de la Junta de Personal. Sin embargo, la realidad es hoy muy distinta y la Administración ha descartado obras en las instalaciones por cuestiones económicas.
Huércal-Overa y Roquetas Otra caso distinto es la sede de Huércal-Overa. El TSJA es igualmente crítico en sus planteamientos sobre el estado del actual edificio y habla de “graves deficiencias de salubridad”. La Consejería de Justicia e Interior adjudicó la redacción del proyecto para levantar una nueva sede judicial que unifique los tres órganos existentes en el partido, que da cobertura a ocho municipios de la zona. Sin embargo, las obras parecen todavía lejanas. En una situación similar se encuentra Roquetas de Mar. También se adjudicó la redacción y se espera la evolución del proyecto. Curiosamente, Roquetas y Huércal-Overa suman cuatro de los once órganos judiciales fiscalizados por el CGPJ por elevado número de asuntos pendientes, entre otros.
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