El Gobierno indulta cientos de viviendas y hoteles ubicados en la costa almeriense

Propietarios de Mojácar, Vera o Adra se verán beneficiados por una amnistía de 75 años
Manuel Leon   [ 09/10/2012 - 07:00 ]

Primera línea de la costa de Mojácar  [  ]

La Administración Central tenía  una hueso duro de roer en los próximos años: la aplicación de la Ley de Costas de 1988, que implicaba la demolición en la costa almeriense de cientos de viviendas, hoteles y chiringuitos hasta el año 2018. El Ministerio de Medio Ambiente ha echado por la calle de enmedio y lo ha solventado con un nuevo Proyecto de Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral. En la práctica supone indultar a propietarios de decenas y decenas de casas, chalets almerienses construidas en dominio público la mayoría con derechos adquiridos con anterioridad a la ley de Costas de 1988. En todo el país la cifra alcanza a 10.000 viviendas y 23.000 ocupaciones no residenciales, muchas de ellas generadoras de un elevado volumen de empleo. Entre los ejemplos almerienses se encuentran viviendas y negocios playeros situados desde Terreros hasta Adra, donde se incluyen núcleos consolidados de la costa cuevana como Pozo del Esparto, Cala Panizo, El Calón o instalaciones industriales como Deretil, chiringuitos de Palomares y Puerto Marqués.  También afecta al litoral de Vera, a la zona de urbanizaciones naturistas como el propio Hotel Vera Playa, algunos chalets de la Urbanización de Puerto Rey y la tristemente damnificada urbanización de Pueblo Laguna. Uno de los casos más palpables se da también en Mojácar, en la conocida como ‘Milla de oro’ donde se asientan casas de embajadores y emblemáticos chiringuitos como El Cid o Aku Aku o el propio Mandala. Deslindes Hace tres años, la Dirección General de Costas, veinte años después de la aprobación de la Ley, inició el deslinde mojaquero, uno de los enclaves pioneros del turismo provincial, entre la desembocadura del río Aguas, la Cueva del Lobo y la Rambla Alfaix. La medida afectaba a lujosos chalets construidos en los años sesenta. En la zona de El Palmeral y La Rumina, las más próximas al río empezaron a construirse los primeros chalets de embajadores y militares como Gabriel Cañadas y los Pérez Ugena. A continuación, veteranos establecimientos hoteleros como El Continental, al  lado de desaparecido Congo y algunos chiringuitos playeros como el Kon Tiki. También afectaba ese deslinde al legendario chalet de El Duende, edificado por el médico don Ginés Carrillo, hoy en manos de sus herederos. Y así hasta setenta propietarios hasta llegar al Paseo Marítimo ya deslindado, sumando en torno a doce kilómetros de longitud. El deslinde del dominio público marítimo-terrestre tiene ahora menos transcendencia con la moratoria de 75 años de Gobierno a estas viviendas, que en cualquier caso, no afectaría a la zona consolidada sino a solares particulares y zona de terraza quye tendrían que haber sido expropiados dentro de los cien metros de protección. La provincia cuenta con 240 kilómetros de costa, de los cuales están ya deslindados prácticamente el 100%. Desde el Servicio Provincial de Costas, se calcula que en Almería existente unas mil casas afectadas por los deslindes mediante concesión de uso ampliable, como así ha ocurrido. En Carboneras, sin embargo, el Gobierno ha incluido en la nueva Ley una ‘cláusula anti-Algarrobico’ por la que se regula por el Gobierno la suspensión de las actuaciones urbanísticas ilegales en la costa, para evitar situaciones irreversibles, aunque la decisión final corresponderá a los tribunales. En el Poniente almeriense también serán incluidos en esta moratoria concesional de 75 años algunos núcleos litorales del término municipal roquetero, ejidense y abderitano. El Gobierno entiende que con  esta medida se protege la riqueza ambiental y se concilia con actividades económicas sostenibles. También garantizará y mejorará la seguridad jurídica de los propietarios de viviendas de la costa y empresarios de chiringuitos y los dueños no podrán aumentar volumen en altura o superficie. El ministro Miguel Arias ha señalado que “no se trata de una amnistía para edificaciones ilegales, sino  establecer  un marco regulatorio más claro y transparente”.