El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Almería ha ordenado abrir la fase de liquidación del Grupo Uribe, propietaria de la cadena de supermercados 'Super Olé', después de la propia empresa solicitara el cierre de la fase común del concurso y solicitara, como base de su plan de liquidación, la venta de los supermercados propiedad del grupo empresarial, la resolución de todos los contratos de trabajo y tratar de obtener la cancelación de créditos con garantías reales mediante la dación en pago.
Así, según dicta el auto del juez Juan Antonio Lozano al que ha tenido acceso Europa Press, la sociedad Supermercados Super Olé se ha dado por disuelta al igual que se han rescindido todos los contratos que quedaban con los trabajadores de los distintos centros de trabajo de Almería, Granada y Murcia, que llegaron a albergar a unos 360 empleados.
La decisión de solicitar la liquidación de la empresa llegó después de que la Audiencia Nacional aceptara la demanda de nulidad sobre el despido colectivo que afectó a 149 empleados del Grupo Uribe al considerar acreditado que se produjeron actuaciones "fraudulentas" en el desarrollo de las negociaciones con los trabajadores, se "incumplió" el procedimiento y se ejercieron "presiones inadmisibles"; una decisión que también influyó en el resto de sociedades --unas seis en total-- que previamente habían quedado integradas bajo un mismo procedimiento concursal.
Si bien la sociedad interpuso un recurso de casación ante el Tribunal Supremo sobre dicha resolución, la sentencia obligaba a la sociedad a readmitir a los trabajadores que lo solicitaran, lo que por otra parte suponía el devengo de todos los salarios desde la fecha de comunicación de los despidos en abril de 2012 hasta el 1 de septiembre.
Esto suponía el abono de 200.267 euros más el devengo mensual, de 67.572 euros mensuales solo en el caso del personal reintegrado en Supermercados Super Olé. En cualquier caso, la empresa expone la "imposibilidad real" de haber dado trabajo a muchos exempleados debido a que algunos supermercados estaban "ya cerrados" y no había ocupación para ellos en los que se mantienen abiertos, según la sociedad.
Disminución de ventas
Junto a esto, la empresa recuerda que la administración concursal no autorizó la compra de mercancía, lo que conllevó una progresiva reducción de stock en los supermercados y la pérdida de ventas y clientes. En esta línea, apunta que solo en el mes de junio de 2012 con respecto al mismo mes del año anterior se produjo una disminución de ventas mediante nueve supermercados de 731.953 euros.
En su solicitud de liquidación, que se hizo efectiva a finales de octubre del pasado año, plantea que aunque los propietarios del Grupo Uribe han tratado de mantener la sociedad a flote, la situación se ha tornado insostenible al no encontrar una fórmula para mantener abiertos los supermercados con la reintegración de trabajadores sin vender mercancía porque no se puede comprar ni se autoriza el pago de los alquileres, según pone de manifiesto ante el juez, al que trasladó que era "imposible" continuar la actividad sin acumular pérdidas.
Asimismo, los trabajadores llegaron finalmente a un acuerdo para la liquidación de sus contratos a finales del pasado mes de diciembre, de forma que percibirán parte de sus sueldos adeudados mediante de fondo de garantía salarial, según el acuerdo alcanzado por las partes.
Situación "inviable"
Si bien la sociedad había solicitado la disolución de la sociedad, la administración concursal también declaró "inviable" la continuación de la empresa ante el "deterioro" de la imagen de Supermercados Super Olé que conllevó que los principales proveedores de productos se negaran al suministro de los mismos "si no es previo pago", lo que dio lugar a su vez al "práctico desabastecimiento" de las tiendas y la "caída de ingresos".
Mediante el escrito de la administración concursal, adjuntada al expediente mediante una providencia consultada por Europa Press, se aconsejó "finalizar la actividad empresarial" al ser ésta "deficitaria" y provocar el incremento de nuevos créditos que iban en perjuicio tanto de los acreedores como de los propios trabajadores.
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