TELEPRENSA.- Sueldos de más de 5.000 € para un gerente o hasta 160.000 € al hijo de éste por asesoramiento jurídico, son algunos de los documentos que empiezan a aflorar sobre el Consorcio Almanzora- Levante- Los Vélez para la recogida y tratamiento de residuos urbanos.
Los datos económicos pasan a convertirse en escándalo cuando hasta se sospecha que cargos directivos podrían haber estado cobrando de la entidad pública aún con más de 70 años de edad, sobrepasando así la edad máxima de jubilación si bien es cierto que existe una enorme controversia sobre la exigencia de cumplir esta norma en entidades de este tipo. Este mismo consorcio ha sido recientemente reprendido en un informe de la Fiscalía en el que se advierte que el actual presidente, el alcalde de Olula del Río (PP), fue elegido con un sistema contrario a lo que establecen sus estatutos.
Tras las últimas elecciones municipales el PP cambió la reglas de juego del consorcio para provocar que el presidente fuese elegido por la mayoría de los votos presentes en el consejo y no, como establece la norma, por una media ponderada de la población que representa que cada uno de los municipios, que es lo que marcan los estatutos de la entidad.
El resultado es que, a día de hoy, en vez de dirigir un alcalde del PSOE lo hace uno del PP, que intentaba evitar por todos los medios perder el control sobre el consorcio que gestiona el mayor contrato de basuras de toda la provincia de Almería y que atiende nada menos que a 46 poblaciones de Almanzora, Levante y Los Vélez.
Tanta preocupación por la pérdida de su control político ha llevado a los distintos alcaldes ajenos al PP a pedir información sobre los movimientos económicos de la entidad y pese a que han tenido todo tipo de trabas para acceder a ella los primeros datos que empiezan a salir a la luz arrojan enormes sombras sobre el modelo de gestión. Facturas de 56.343,64 €, 41.672,76 €, 37.324,92 €, 12.260,93 €, 9.438,00 € entre otras y de un mismo abogado y siempre con los mismos conceptos, ya fuese “asesoramiento, recursos y representación en litigios” o sencillamente “recursos y representación en litigios”. Por estos mismos conceptos y en esas mismas fechas facturaban hasta siete despachos o profesionales distintos, pero causalmente el que mayor tajada sacó fue precisamente un familiar directo del gerente de la entidad que, además, por encima de la edad de jubilación habitual podría haber seguido cobrando unos honorarios de más de 5.000 euros mensuales en una de las comarcas con mayor tasa de paro.
El consorcio se encuentra en estos momentos bajo investigación por la rocambolesca fórmula en la que se ha intentado perpetuar la presidencia de un alcalde del PP en la entidad instaurando un sistema propio de elección pero contrario a la norma por la que, supuestamente, se rige la entidad.
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