martes, 8 de abril de 2014

El PSOE critica las tasas abusivas del ayuntamiento de Huércal-Overa en los expedientes relativos a edificaciones existentes en suelo no urbanizable, que superan al impuesto de nuevas construcciones.

Los socialistas califican de "inmoral" cobrar a un ciudadano  una tasa de  7.000 euros por la tramitación de un expediente administrativo de una vivienda construida en 1.978.

Paradójicamente, el ayuntamiento aplica una tasa de 100 euros a  Endesa Gas, por la tramitación municipal del expediente del  gaseoducto Huércal-Overa-Guadix.

El equipo de gobierno del Partido Popular, ha situado a Huércal-Overa a la cabeza de la provincia, con la tasa más alta en la tramitación de expedientes administrativos relativos a edificaciones existentes en suelo no urbanizable.
La tasa actual del ayuntamiento huercalense es del 4,7% del valor de construcción calculado con los valores de edificación de obra nueva actuales.
Lo desorbitado de esta tasa queda de manifiesto cuando los porcentajes del impuesto y la tasa para obtener una licencia de obras de una edificación de nueva construcción suponen el 3,2% y 0,09% respectivamente, del valor actual.
La ordenanza fiscal establecida por el Ayuntamiento, aplica un gravamen excesivo sobre un valor de la edificación muy por encima de su valor real, ya que no tiene en cuenta la antigüedad de la edificación.
Los socialistas recuerdan que esta ordenanza afecta a todas las viviendas situadas en suelo no urbanizable que necesiten contratar suministro de electricidad o agua, realizar la declaración de obra nueva o para solicitar licencias de obras de reforma en el inmueble.

Esta ordenanza fiscal ha generado casos tan "escandalosos" como el de un matrimonio de jubilados que al necesitar un certificado municipal para formalizar la escritura de su vivienda construida en 1.978, ha tenido que pagar una tasa al ayuntamiento de cerca de 7.000 euros por la obtención de este certificado. Resulta "inmoral" cobrar a estos ciudadanos un importe que puede suponer la pensión de un año, cuando la prestación del servicio público tiene, sin lugar a dudas, un coste infinitamente menor.

Paradójicamente, la ordenanza fiscal de actividades sujetas a autorización ambiental establece una tarifa plana de 100 euros. Esto supone que en tramitaciones como la del Gaseoducto de Huércal-Overa a Guadix promovido por Endesa Gas, la tasa aplicada por el  ayuntamiento ascienda a 100 euros.  

Esto supone una falta de coherencia y proporcionalidad en la fiscalidad municipal, que por un lado se ceba con el ciudadano, a través de una tasa abusiva en las viviendas de suelo urbanizable o un incremento desmesurado del I.B.I., y por otro libera a las grandes empresas de la tasas de actividad con una tarifa plana de 100 euros.

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