Desde que
fuera aprobada Ley de Tasas Judiciales (Ley 10/2012), hace ahora un año, el
Consejo General de la Abogacía ha venido manteniendo una firme posición frente
a la misma, apoyando y promoviendo iniciativas para su derogación. Con motivo
del cumplimiento de su primer aniversario, desde la Abogacía ponemos de
manifiesto a todos los ciudadanos, QUE:
1.-
Transcurrido un año desde la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la
Ley de Tasas se han confirmado los peores augurios sobre su aplicación.
2.-La Ley
ha privado a muchos miles de ciudadanos de su fundamental y constitucional
derecho a la tutela judicial efectiva. Ha materializado una injusta barrera
para el acceso a la justicia.
3.-
Nuestros jueces y magistrados han sido privados del conocimiento de cientos de
miles de injusticias y quejas del conjunto de los ciudadanos. El imprescindible
conocimiento de la realidad social ha sido hurtado a los juzgados y tribunales.
4.- No se
ha penalizado el mal uso y abuso de la Justicia. Las empresas y los ciudadanos
de holgada situación económica no han experimentado ninguna privación de
ejecución del derecho. No se ha dado solución a los problemas en la concesión a
la justicia gratuita.
5.- Se ha
favorecido el abuso e impunidad de las Administraciones Públicas, exentas del
pago de las tasas.
6.- El
efecto disuasorio para los ciudadanos ha sido reconocido por jueces,
magistrados, abogados, secretarios judiciales, personal al servicio de la
Administración de Justicia, obligando al Ministerio de Justicia, al menos, a
reconocer en su comparecencia en el Congreso porcentajes muy significativos de
reducción de asuntos.
7.- No se
ha recaudado lo previsto con el establecimiento de las tasas. La recaudación
hasta septiembre ha sido de 103 millones de euros, muy lejos de los 306
millones previstos por el Ministerio para todo el año.
8.- El
Ministerio ha incumplido su compromiso de que el importe de las tasas se
destinaría a mejorar la asistencia jurídica gratuita. Se desconoce el destino
de la recaudación por las tasas. Ni siquiera figura en el presupuesto de 2014
del Ministerio de Justicia. Junto a ello debemos denunciar la pésima gestión
material de las tasas judiciales caracterizada durante este año por la
descoordinación entre el Ministerio de Justicia el de Hacienda, la falta de
criterios homogéneos y la inseguridad jurídica, acentuando el perjuicio para los
ciudadanos y profesionales.
9.- El
objetivo de la Ley de Tasas era y es puramente recaudatorio y disuasorio para
el acceso a la justicia de los ciudadanos. El resultado patente y más
preocupante es la liquidación del derecho fundamental a la tutela judicial
efectiva.
10.- La
contestación social ha sido unánime. Además, hay cinco recursos de
inconstitucionalidad, interpuestos por el Gobierno Andaluz, la Generalitat, el
Grupo Parlamentario Socialista, el Gobierno de Canarias y la Diputación General
Aragón (DGA), y cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por Juzgados de
lo Social, de Primera Instancia y de la Sala de lo Contencioso Administrativo
de la Audiencia Nacional, que considera que es un impedimento innecesario e
injustificado para obtener el derecho a la tutela judicial efectiva. El
Tribunal Constitucional debería agilizar su respuesta ante el grave daño que
están sufriendo los ciudadanos y la denegación del Estado de Derecho.
11.-
Reiteramos la más que nunca mejoría de la calidad de las leyes mediante la
exigencia de participación real y efectiva de jueces y magistrados, fiscales,
secretarios judiciales, abogados, procuradores de los tribunales, sindicatos y
organizaciones de consumidores y usuarios en la elaboración de los borradores
de anteproyectos de ley o normativa de desarrollo legislativo.
12.-Solicitamos
que el Gobierno escuche la voz de todos los colectivos afectados, pues somos
los que mejor conocemos las disfunciones del sistema judicial y sus efectos
negativos en la ciudadanía, y valore el hecho sin precedentes de que todos los
actores de justicia continuamos unidos frente a las reformas y acciones del
Gobierno que afectan gravemente el Estado de Derecho y los derechos y
libertades fundamentales de los ciudadanos. El Gobierno debe atender lo que
pasa en Europa, especialmente en el caso de Francia, que han suprimido todo tipo de tasas
judiciales a partir del próximo enero de 2014, invocando como razón suprema
"penalizar a los más vulnerables y restringir el acceso a la
Justicia". España sigue siendo diferente.
13.- La
agilización de la administración de justicia no puede fundamentarse en el
establecimiento de barreras económicas sino en transformación de la actual
estructura obsoleta e ineficaz, apostando por la implantación de nuevas formas
de organización que fomenten un servicio público accesible y eficaz, destinando
las dotaciones y medios adecuados para ello.
14.-
Mantenemos nuestra disposición a la negociación y al diálogo, y nuestro rechazo
a un modelo de Justicia impuesta y no negociada. Es de vital importancia, que
el Ejecutivo sea capaz de generar un amplio Pacto de Estado, en el que
participen todos los sectores implicados, con la finalidad de crear una nueva
Administración de Justicia. Y, sobre todo, que se profundice en los principios
que inspiraron la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia,
aprobada por unanimidad en 2002.
Por todo
ello, el I.C.A.A.*,
desde su Delegación en el Partido Judicial de Huércal-Overa, os invita a
participar en una iniciativa, apoyada por el Consejo General de la Abogacía
Española, consistente en la obtención de adhesiones a la solicitud de
derogación de la ley de tasas promovida a través de la plataforma change.org
por nuestro compañero Fabián Valero Moldes, a cuyo fin os facilitamos el enlace
directo de la solicitud:
Convencidos de que compartiréis con nosotros la
profunda preocupación que sentimos los profesionales del Derecho por la
imposición de trabas que dificulten el acceso a la justicia en condiciones de
igualdad para todos los ciudadanos, estamos seguros de vuestra colaboración en
dicha iniciativa, para que, entre todos, consigamos el éxito que merece. Por
eso y por la atención prestada, recibid nuestro sincero agradecimiento.
Fdo. Pedro Mª
Lázaro Jiménez de Cisneros
¡NO A LA LEY DE
TASAS!
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