ALMERÍA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de lo Penal número 3 de Almería acoge este martes la tercera vista oral contra el exalcalde de Zurgena y actual concejal de Obras Públicas, Cándido Trabalón (PA), quien se enfrenta a penas de 21 meses de cárcel y nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público acusado de autorizar la construcción de 202 viviendas en suelo no urbanizable y contraviniendo la norma urbanística en cuanto a la altura de las edificaciones.
En la causa por presuntos delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio están acusados el exconcejal de Urbanismo, Manuel Tijeras y cinco exediles de la corporación local zurgenera, para los que el Ministerio Público pide la misma condena que para Trabalón, así como los dos administradores de la mercantil Inmuebles Promurdi SL y el arquitecto que elaboró el proyecto para la construcción.
El escrito de acusación fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, recoge que P.J.R.C. y J.I.J.R., como administrador y apoderado respectivamente de Inmuebles Promurdi SL acordaron construir en el paraje de La Alfoquía una promoción de 202 viviendas "con conocimiento de que el suelo era no urbanizable y que no eran autorizables conforme a la legislación en materia urbanística".
Así, otro de los encausados, J.A.B.P., arquitecto de profesión y a solicitud de los dos anteriores, elaboró un proyecto para las 202 viviendas "distribuidas en ocho edificios de tres plantas con una altura de 8,87 metros". La Fiscalía considera también en este caso que tenía "conocimiento" de que la parcela era no urbanizable y de que la legislación estipulaba que la "altura de la edificación no podía superar los siete metros ni las dos plantas".
Según se indica en la calificación, el 22 de junio de 2005, la mercantil solicitó al Ayuntamiento de Zurgena la licencia de obras, por lo que se emitieron los "preceptivos informes jurídico y técnico".
En el caso del primero, subraya, este "no era ni favorable ni desfavorable" a la concesión del permiso "pues se limitaba a señalar que debían ser los servicios técnicos los que determinaran la adecuación del proyecto a la norma urbanística". No obstante, el informe técnico de arquitecto municipal "no era favorable pues, al menos, advertía de que incumplía la normativa urbanística, que solo autorizaba dos plantas y con una altura máxima de siete metros".
La licencia para las viviendas y dos piscinas fue aprobada en pleno el 7 de octubre de 2005 con los votos favorables de Trabalón, Tijeras y de los exconcejales E.J.J.P.; J.M.D.; J.S.G.; y A.L.M., quienes, a juicio del Ministerio Público, "sabían que el suelo era no urbanizable y el permiso contrario a la legislación urbanística".
Los ocho edificios proyectados no llegaron a levantarse ya que la Guardia Civil instruyó atestado el 23 de abril de 2007 aunque los administradores de Inmuebles Promurdi SL sí que "allanaron el terreno de la referida parcela e instalaron farolas y una caseta prefabricada donde se ofrecían a la venta las futuras viviendas".
El fiscal va a solicitar para P.J.R.C.; J.I.J.R. y J.A.B.P. penas individuales de cuatro meses de prisión e inhabilitación especial para profesión y oficio relacionado con la construcción, así como el pago de un multa de ocho meses a razón de doce euros al día como presuntos autores de sendos delitos contra la ordenación del territorio.
ABSOLUCIÓN
Se trata de la tercera vista oral a la que se enfrentan por presunta prevaricación el exalcalde zurgenero y los exediles de la corporación local. A la espera de que el Juzgado de lo Penal número 2 dicte sentencia, todos fueron absueltos en una resolución recurrida por la Fiscalía por la juez de lo Penal número 4, quien consideró que no había quedado acreditado el "carácter no urbanizable" de las parcelas en las que se concedió licencia de obras ni que los exconcejales de la corporación municipal otorgasen licencias "a sabiendas" de que eran supuestamente injustas.
Por otro lado, Trabalón, inmerso en varios procedimientos penales, se enfrenta a penas que suman 180 años de prisión y 1.050 años de inhabilitación para cargo público en el marco del conocido como caso 'Costurero' contra la corrupción urbanística en el que también están procesadas otras 23 personas, entre ellas exediles de la corporación, funcionarios y promotores inmobiliarios. No obstante, de ser condenado por los 120 delitos que se le imputan, cumpliría como máximo nueve años de cárcel.
El juez instructor de la causa ordenó hace unos días la apertura de juicio oral por presuntos delitos de cohecho, falsedad documental, prevaricación urbanística, desobediencia, negociación prohibida a funcionarios y contra la ordenación del territorio y resolvió imponer a Trabalón, quien forma parte del equipo de gobierno en coalición con el PP, una fianza civil de 571.147 euros
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